Empresas advierten riesgos financieros por cambios en garantías de caución bursátil

Compañías que recurrieron a fondos comunes de inversión como respaldo para cauciones bursátiles podrían enfrentar tensiones de liquidez por la modificación reglamentaria anunciada por BYMA Clearing.

<p>Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) – Empresas que utilizaron estructuras de financiamiento vinculadas a cauciones bursátiles advirtieron que un cambio en las garantías aceptadas por BYMA Clearing podría obligarlas a reformular sus esquemas financieros. La modificación reglamentaria, anunciada el 9 de octubre, alcanzó a las garantías constituidas mediante fondos comunes de inversión para operaciones de caución bursátil, bajo el criterio de que un pasivo líquido debe estar respaldado por activos suficientemente líquidos. Según el planteo de actores afectados, el problema no se centra en el criterio prudencial, sino en su implementación sobre financiamientos previamente constituidos, que en algunos casos fueron utilizados para desarrollar proyectos de inversión. Las empresas involucradas podrían enfrentar vencimientos anticipados, concentración de obligaciones en plazos incompatibles con sus flujos de fondos originales o la necesidad de modificar sus esquemas de financiamiento. De acuerdo con el análisis de los afectados, se trata de un problema de liquidez y no necesariamente de solvencia, ya que compañías con patrimonio, activos y proyectos rentables podrían quedar expuestas a incumplimientos, paralización de inversiones o incluso cierres. El reclamo también apuntó a la conducta de los intermediarios que participaron en esas estructuras. En ese marco, Bull Market fue cuestionada por actores involucrados, que señalaron que la firma percibió comisiones por estas operaciones y no estaría impulsando gestiones para revisar los plazos de implementación. Según lo transmitido por BYMA a actores afectados, existirían canales para solicitar una revisión de esos plazos, aunque el planteo sostiene que el intermediario no agotó alternativas para proteger la continuidad del financiamiento de sus clientes. Los cuestionamientos se concentran en el eventual conflicto de intereses de intermediarios que cobraron por estructurar operaciones y, ante un cambio de condiciones, buscarían reducir su exposición mientras las empresas enfrentan las consecuencias financieras del desarme. Agencia NA</p>

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